A partir de 1990, El Salvador inició un amplio proceso de
reformas económicas orientadas a lograr una mayor apertura comercial, en el
marco de un conjunto de reformas y medidas económicas derivadas del denominado
Consenso de Washington. Luego de la guerra civil y con la firma de los Acuerdos
de Paz en 1992, las administraciones gobierno aplicaron en diferente grado y
medida, y como se verá más adelante con resultados mixtos, medidas para buscar un modelo económico con
una macroeconomía estable en un esquema de mayor liberalización económica y una
menor participación del Estado en la economía.
De acuerdo a Casilda Béjar (2004), el Consenso de Washington
se puede esquematizar en diez recomendaciones generales de política económica,
entre las que la liberalización comercial,
la apertura del régimen para las inversiones extranjera directas o
la liberalización de los tipos de cambio
eran parte de dicho esquema.
De acuerdo a estas formulaciones, un elemento importante para una política
económica orientada hacia el sector externo era la liberalización de las
importaciones. El acceso a las importaciones de factores de producción
intermedios a precios competitivos se consideraba importante para la promoción
de las exportaciones, mientras que una política de protección de las industrias
nacionales frente a la competencia extranjera se interpretaba como creadora de
distorsiones costosas que acababan penalizando las exportaciones y
empobreciendo la economía nacional. Se pensaba que lo ideal era una situación
en la que el costo en recursos nacionales para generar o ahorrar una unidad de
divisa fuera igual entre industrias de exportación e importación en
competencia. Con carácter general, este ideal de libertad comercial está sujeto
a dos requisitos. Primero, la protección sustancial de las industrias
nacientes, aunque ésta deba ser estrictamente temporal, y acompañada de un
arancel general moderado como mecanismo para ofrecer una tendencia hacia la
diversificación de la base industrial sin amenazas de importantes costos y segundo,
el establecimiento del calendario a seguir, pues no es aconsejable que una
economía muy protegida se deshaga de toda su protección sin un periodo de transición.
Sin embargo, este punto quedó sin una formulación clara debido a la diferencia
de opiniones entre los miembros del Consenso, mientras que unos pensaban que la
liberalización de las importaciones debía seguir estrictamente un calendario
predeterminado, otros opinaban que dicha liberalización tenía que realizarse a
un ritmo acorde con el estado de la balanza de pagos del país en cuestión
(Casilda Béjar, 2004).
Otro aspecto importante en el Consenso era el relativo a la
apertura del régimen de Inversiones Extranjeras Directas (IED), ya que se
consideraba que la IED podía aportar capital, tecnología y experiencia mediante
la producción de bienes necesarios en el mercado nacional o contribuyendo a
nuevas exportaciones, en un marco donde el aporte de la inversión privada en
relación con el PIB era generalmente bajo. En este sentido, se buscaba crear un
marco regulatorio favorable para la
IESD, especialmente el relativo al ámbito de la IED, trato nacional para
inversionistas, régimen de expropiaciones, repatriación de capitales y
mecanismos de internacionales de arbitraje y solución de controversias.
Adicionalmente a la creación de un régimen legal para la IED que fuera
atractivo, se desarrollaron una serie de programas de atracción de IED sobre la
base de exenciones fiscales y facilidades en las diferentes tramitologías.
La referencia al Consenso de Washington es importante para la
política comercial en El Salvador, ya que no es posible entenderla sino se
comprende el marco general de políticas que define sus prioridades estratégicas.
En este contexto, la racionalidad de la política económica y de la política
exterior buscaba, al menos discursivamente, mejorar la inserción internacional
de El Salvador tanto en el ámbito regional e internacional, por medio de una
apertura comercial que, a la sazón, se dio con el conjunto de países
centroamericanos.
Esta estrategia se produce a inicios de los años noventa con
un amplio conjunto de reformas que ha sido ampliamente documentado en el país
desde diferentes ángulos y perspectivas y que incluyeron la apertura comercial,
la liberalización financiera, el ajuste fiscal, privatizaciones y una política
monetaria acomodaticia a este proceso.
De esta etapa la política comercial, en función de la
racionalidad económica imperante, privilegió tres ámbitos de acción: el
bilateral, el regional y el multilateral, con diferentes objetivos y
estrategias.
En este sentido, la política comercial se orientó a diferentes formas de integración económica con los socios comerciales centroamericanos, y socios extra regionales. Así, uno de los principales objetivos fue la constitución de diferentes áreas de libre comercio que es una de las primeras etapas en un proceso de integración. En el área de libre comercio, se busca como objetivo eliminar todas las restricciones, aranceles y otros obstáculos al comercio de los bienes originarios de los países que componen dicha zona, pero manteniendo su independencia comercial respecto de terceros países que no forman parte del acuerdo.
Otro de los grandes objetivos de la política comercial salvadoreña durante los años noventa y en la siguiente década, fue el perfeccionamiento del área de libre comercio con los países centroamericanos y la constitución de la unión aduanera, proceso a la fecha inconcluso y sin horizonte claro para su concreción en el corto o mediano plazo. La unión aduanera, desde la teoría de la integración, además de la eliminación de las restricciones comerciales que se dan en un área de libre comercio, supone el establecimiento de un arancel externo común frente al resto del mundo y la coordinación de las política comercial y de los frentes de negociación de los países miembros de la unión aduanera para evitar lo que se suele denominar como “perforaciones arancelarias” derivadas de negociaciones bilaterales. Hay que recordar que en un área de libre comercio supone la necesidad de mantener la vigilancia de los intercambios comerciales para asegurar el origen de los bienes objetos de las preferencias comerciales e evitar desviaciones de comercio que se producirían si se importasen bienes de países de fuera del área. Justamente esta situación ha sido una tara importante para la consolidación de la unión aduanera, dado la continua firma de tratados bilaterales de los países centroamericanos con socio comerciales regionales.
Política de Negociaciones Comerciales
La política comercial, por tanto, durante la época de los noventa y parte de las década del dos mil, se entiende y pasa por la política de negociaciones comerciales. Partiendo del NAFTA como referencia para la región, los ALC de la región y en especial de El Salvador, mantienen una estructura común en los temas y arquitectura de las negociaciones comerciales de los países centroamericanos y en general de la región latinoamericana, variando en el alcance o profundidad de acuerdo al socio comercial.
Esta estructura de negociaciones estaba orientada a crear un
área de libre comercio y por la tanto, en definir la profundidad de la apertura
comercial medida por la velocidad de los programas de desgravación para la
constitución del área de libre comercio, como por la cobertura de los productos,
el tratamiento de los productos sensibles, especialmente de los productos agrícola,
así como el tratamiento y exclusiones en el sector servicios o la cobertura
para las compras del estado.
En el caso salvadoreño, el CAFTA-DR se constituye en el ALC
de mayor alcance, cobertura e implicaciones para la política comercial del
país. Ello debido a que Estados Unidos es el más importante socio comercial de
El Salvador, relación comercial que se ha venido profundizando a lo largo de
las últimas dos décadas.
El mapa comercial de El Salvador tiene como característica la fuerte dependencia del mercado estadounidense así como de la importante participación del mercado regional centroamericano, tanto en las importaciones de las mercancías como en las exportaciones. Por el lado de las exportaciones, más del 45% de las exportaciones totales salvadoreñas se dirigen hacia los Estados Unidos y en menor medida a Honduras (13.9%) y Guatemala (13.6%).
La racionalidad económica de la política de negociaciones
comerciales de El Salvador, al menos durante estos años, ha tenido los
siguientes objetivos:
Obtener (o consolidar) acceso preferencial a mercados relevantes, especialmente con aquellos países con los cuales existen mayores flujos comerciales. Dentro del acceso a mercados se ha buscado como objetivos:
Los ALC han servido a su vez para, en
muchos casos, continuar con un amplio proceso de reformas económicas y legales en
distintos ámbitos como los procedimientos aduaneros, reformas al marco legal en
materia de propiedad intelectual, marcas y otros signos distintivos, aspectos
laborales y medioambientales o políticas de competencia.
Este marco general en el cual se ha desempeñado la política comercial de El Salvador, es un punto de partida para analizar el desempeño comercial y los desafíos que el mapa comercial internacional tiene para la realidad económica del país y, en particular, es clave para la formulación e implementación de una política pública que busque cómo fortalecer el proceso de internacionalización de la economía salvadoreña de manera que los beneficios del comercio internacional se traduzcan en empleo inclusivo.
Referencias
BID. (2016). “Nuevas tendencias en los Tratados Comerciales en América Latina”. Serie de Cursos MOOC Nuevas Tendencias Comerciales. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C.
Obtener (o consolidar) acceso preferencial a mercados relevantes, especialmente con aquellos países con los cuales existen mayores flujos comerciales. Dentro del acceso a mercados se ha buscado como objetivos:
- Reducir las barreras arancelarias y evitar subidas arancelarias
- Consolidar y ampliar beneficios arancelarios unilaterales como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe o el Sistema Generalizado de Preferencias
- No perder competitividad respecto a los socios comerciales regionales, es decir, negociación por imitación, considerando los costos de quedar fuera de la tendencia de acuerdos, especialmente en Centroamérica.
- Buscar negociaciones bilaterales o regionales ya que en el marco de negociaciones de la OMC éstas son lentas, complejas, poco prácticas y menos ambiciosas, para países pequeños y abiertos.
- Promover la Inversión Extranjera Directa
- Incrementar la competencia en los mercados domésticos, por medio de una mayor diversificación de importaciones
- Contar con un marco regulatorio y de solución de controversias como mecanismo de estabilidad en las relaciones comerciales.
Este marco general en el cual se ha desempeñado la política comercial de El Salvador, es un punto de partida para analizar el desempeño comercial y los desafíos que el mapa comercial internacional tiene para la realidad económica del país y, en particular, es clave para la formulación e implementación de una política pública que busque cómo fortalecer el proceso de internacionalización de la economía salvadoreña de manera que los beneficios del comercio internacional se traduzcan en empleo inclusivo.
Referencias
BID. (2016). “Nuevas tendencias en los Tratados Comerciales en América Latina”. Serie de Cursos MOOC Nuevas Tendencias Comerciales. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington D.C.
Casilda Béjar R. (2004). América Latina y el Consenso
de Washington. Boletí Económico ICE N° 2803. España
Peña, F. (1999). Negociaciones y competitividad. Félix Peña Blog. Recuperado en http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=wpapers&wpagno=documentos/1999-10-26-negociaciones-competitividad
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